El 8 de marzo de 2016 el poder ejecutivo de Argentina presentó públicamente la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto  y, como una parte de este, una versión beta el nuevo portal de Datos Abiertos . Ya se habían presentado –mucho más tímidamente por cierto- algunos antecedentes, pero parece que esta vez las propuestas son más serias.
En dicho evento, Rudi Borrmann  presentó los pasos iniciales de un plan sistemático de apertura de datos. Ejecución presupuestaria, agenda gubernamental, pedidos de acceso a información publica y organigrama del Ejecutivo son las primeras muestras de esta publicación. Compras y contrataciones, declaraciones juradas de funcionarios, sueldos y plantas de contratados son las promesas mediatas. De esta forma se relanza a nivel nacional la publicación sistemática de datos abiertos que acompaña algunas iniciativas subnacionales (https://data.buenosaires.gob.ar/) por nombrar uno y una notable tendencia internacional.
Venir rezagado tiene sus ventajas y sus desventajas. Como ventaja podemos aprender de lo que han hecho los más avanzados. Existen ejemplos muy concretos de publicación de datos públicos como: data.gov.uk, data.gov, datos.gob.es, open.canada.ca/ que ya tienen años en la agenda política. Uno de los hechos relevantes que uno puede detectar al analizar estas experiencias es que: “la publicación de datos públicos es un medio no un fin; el fin es el consumo”.
Si nos quedamos con la publicación de datos como un fin, los estados cumplen de alguna forma con un principio básico de transparencia, pero esta es una mirada limitada y necia. La publicación de datos como medio para el consumo va mucho más allá con una mirada alineada a la obra pública. De esta forma, los estados ponen a disposición de la sociedad un bien intangible con el cual se pueden hacer muchas cosas, entre ellas: saber más, aportar valor, generar puestos de trabajo e impulsar la actividad económica. No creo que nadie pueda estar en contra de estos objetivos así enunciados. En todo caso los detalles y los beneficiarios podrán analizarse.
Bajo esta mirada de obra pública, la responsabilidad de alcanzar los objetivos deseados recae tanto en el Estado como en la sociedad, incluyendo en esta a ciudadanos, empresas, academia, medios, etc. y por qué no, otros estados. El aprovechamiento de este recurso depende de iniciativas individuales de cada uno de estos actores, pero fundamentalmente del aporte cooperativo, comunitario e interrelacionado de todo el ecosistema.
El Estado asume muchas responsabilidades al hacer este lanzamiento. Deberá enfrentar desafíos y mitigar riesgos al mismo tiempo que impulsa la iniciativa. La apertura de datos, como todo instrumento, puede salir bien y puede salir mal. Nadie tiene claro de antemano los efectos reales de la apertura masiva, la experiencia mundial es reciente en términos socio-políticos. Funcionarios capaces, entendidos y bien intencionados deberán impulsar y acompañar el movimiento. Pero empresarios, académicos, periodistas, científicos y todos los ciudadanos también deberán hacer su aporte para que los beneficios sean muy superiores a los perjuicios.
La Argentina está muy retrasada en términos internacionales en estos temas. La sociedad debería aprovechar esta iniciativa pública para lograr que el país saque un sabio provecho de esta situación. Para esto es necesario que desde todos los ámbitos impulsemos espacios de reflexión y trabajo para generar beneficios a la sociedad.