Las bondades de la apertura de los datos públicos son indiscutibles para el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia y la provisión de servicios públicos centrados en el ciudadano, entre otras cuestiones que bien aparecen mencionadas en el Decreto 117 del Poder Ejecutivo Nacional sancionado en enero de este año.

Sin embargo, los avances son muy discretos y menores en función de todo lo que se viene hablando y escribiendo sobre el tema. Varias son las razones por las que el balance de la apertura de datos podría caracterizarse hasta el momento como “mucho ruido y pocas nueces”, parafraseando a la brillante obra teatral en forma de comedia romántica escrita por William Shakespeare. Y todas estas razones tienen un común denominador: ninguna de ellas es estrictamente tecnológica.

Una de estas razones es la escasa convicción que parece haber en la apertura de datos por parte de los propios gobernantes, muchos de los cuales se suben a la movida más porque no quieren quedarse fuera de la moda (como si la gestión pública se equiparara a la vestimenta de alta costura) que por el reconocimiento del impacto que puede tener el tema para mejorar la gestión. Para lograr que la apertura de datos sea sustentable a través del tiempo se requiere contar con el reconocimiento y el apoyo político del más alto nivel. En caso contrario cualquier proceso de avance hacia la apertura de datos será endeble e inestable

Otra de las razones del “mucho ruido y pocas nueces” está en que las luces de la apertura de datos públicos muchas veces encandilan y hacen perder de vista el “para qué”. Generalmente se da por sentada la relevancia de la apertura de datos así como también se da por sentado que, por el solo hecho de importar, producirá buenos resultados. La apertura de datos públicos parece ser la respuesta pero muchas veces se pierde de vista cuál es la pregunta. Existe un fetichismo tecnológico que considera a la apertura de datos como un fin en sí mismo. Esto es particularmente relevante porque los datos abiertos no suelen crear su propia demanda sino que el gobierno debe generar incentivos para su reutilización.

Una tercera razón es la baja importancia que se le otorga a la implementación de la apertura de datos en comparación con el énfasis que se pone a la formulación. La implementación es una etapa de mayor incertidumbre que insume muchos recursos para obtener resultados y no tiene los brillos ni la simpleza de los anuncios de la formulación. De ahí que abunden portales con pocos datos. Preparar un dataset para uso público no es sencillo ni barato, dado que se requiere (además de voluntad política) continuos recursos humanos, económicos y materiales. Esta situación es más compleja en un contexto de relegamiento de la gestión de datos y de la producción de información como insumos para la toma de decisiones.

La lógica de trabajo basada en la jerarquía, la división departamental y en la especialización de funciones, es la cuarta razón que genera escasos (o nulos) incentivos para la apertura de datos públicos. En muchos casos el manejo de datos constituye un factor de poder y, por ende, compartirlos suele ser percibido como una señal más de debilidad que de fortaleza. Esto explica la disgregación de bases de datos relativas incluso a un mismo ámbito, la inexistencia de modelos de datos comunes, la baja práctica en el uso de estándares y las decisiones aisladas que ejercen los organismos a la hora de informatizar procesos de captura.

Estas cuatro razones no son excluyentes, se superponen y se retroalimentan. Ningún proceso orientado a la apertura de datos públicos suele ser prolijo. El reconocimiento de estas razones sirve para llamar la atención de los riesgos asociados a promover esfuerzos guiados pura y exclusivamente por la apelación a la buena voluntad de las instituciones públicas.